Cagoennnnnnnnnnnn:
La Delegación del Gobierno ordena el cierre del DC10 durante dos meses VOTE ESTA NOTICIA
Fotos de la noticia
Las primeras denuncias se remontan a 2005 por tolerar el consumo de drogas en su interior EIVISSA | REDACCIÓN La Delegación del Gobierno ha decretado y notificado a los propietarios la suspensión de actividades de la discoteca DC10 de Sant Jordi durante dos meses, después de que el Juzgado haya estimado el recurso del Abogado del Estado al desprecinto del local dictado por un auto del Juzgado Contencioso Administrativo en junio de 2007. Tras la nueva notificación, el empresario tiene cinco días hábiles para cerrar voluntariamente su local y comunicarlo a la Guardia Civil para que levante la correspondiente acta de precinto. En caso contrario, se tendrá que proceder a la ejecución subsidiaria del cierre por parte de la Delegación del Gobierno mediante una resolución.
El procedimiento comenzó en septiembre de 2005, cuando se interpusieron dos denuncias de la Guardia Civil contra el DC10 por tolerar el consumo de sustancias estupefacientes en el interior del local. Como se trataba de un local reincidente, ya que había sido sancionado por los mismos hechos en mayo de 2005, en agosto de 2006 se le impuso una sanción económica de 6.000 euros y se decretó la suspensión de actividades por un período de dos meses. Este precinto no se llevó a cabo finalmente por un auto del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Palma, que decidó mantener la suspensión de la resolución de la Dirección Insular atendiendo el posible perjuicio económico y laboral que puede sufrir el local y para asegurar una «tutela judicial efectiva a sus derechos e intereses».
El abogado de la empresa DC10 aseguró en su día que el cierre por tolerar el consumo y la venta de droga en el interior del establecimiento «no es consistente» porque esa presunta permisividad «no está acreditada». Aseguró además que la propiedad del DC10 dispone desde hace tiempo de «medidas de seguridad» para controlar el interior del local, entre ellas cámaras de vigilancia, y que el número de éstas «se iban a incrementar». El portavoz insistió en que uno de los clientes en los que se basó la denuncia fue sorprendido consumiendo «en el interior del servicio», lugar a su entender de difícil control.
La Delegación del Gobierno ordena el cierre del DC10 durante dos meses VOTE ESTA NOTICIA
Imagen que presentaba ayer la discoteca DC10 en la carretera de ses Salines Moisés Copa
MULTIMEDIALas primeras denuncias se remontan a 2005 por tolerar el consumo de drogas en su interior EIVISSA | REDACCIÓN La Delegación del Gobierno ha decretado y notificado a los propietarios la suspensión de actividades de la discoteca DC10 de Sant Jordi durante dos meses, después de que el Juzgado haya estimado el recurso del Abogado del Estado al desprecinto del local dictado por un auto del Juzgado Contencioso Administrativo en junio de 2007. Tras la nueva notificación, el empresario tiene cinco días hábiles para cerrar voluntariamente su local y comunicarlo a la Guardia Civil para que levante la correspondiente acta de precinto. En caso contrario, se tendrá que proceder a la ejecución subsidiaria del cierre por parte de la Delegación del Gobierno mediante una resolución.
El procedimiento comenzó en septiembre de 2005, cuando se interpusieron dos denuncias de la Guardia Civil contra el DC10 por tolerar el consumo de sustancias estupefacientes en el interior del local. Como se trataba de un local reincidente, ya que había sido sancionado por los mismos hechos en mayo de 2005, en agosto de 2006 se le impuso una sanción económica de 6.000 euros y se decretó la suspensión de actividades por un período de dos meses. Este precinto no se llevó a cabo finalmente por un auto del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Palma, que decidó mantener la suspensión de la resolución de la Dirección Insular atendiendo el posible perjuicio económico y laboral que puede sufrir el local y para asegurar una «tutela judicial efectiva a sus derechos e intereses».
El abogado de la empresa DC10 aseguró en su día que el cierre por tolerar el consumo y la venta de droga en el interior del establecimiento «no es consistente» porque esa presunta permisividad «no está acreditada». Aseguró además que la propiedad del DC10 dispone desde hace tiempo de «medidas de seguridad» para controlar el interior del local, entre ellas cámaras de vigilancia, y que el número de éstas «se iban a incrementar». El portavoz insistió en que uno de los clientes en los que se basó la denuncia fue sorprendido consumiendo «en el interior del servicio», lugar a su entender de difícil control.